Las 286 bajas de usuarios de los servicios sociales que confirmó en el pleno municipal la concejala de esta área, así como la disminución de horas de servicio solicitadas por otras 113 personas ponen en peligro en torno a 60 puestos de trabajo, lo que, en opinión de la concejala socialista Mayte Carbajo, es algo así como “la crónica de una muerte anunciada”.

Carbajo se mostró “desolada e indignada” ante la tranquilidad con la que la concejala de Servicios Sociales reconoció la repercusión en la calidad de vida de los usuarios de ayuda a domicilio, teleasistencia y el resto de servicios, así como en la de sus familiares, del incremento de precios contra el que se posicionó desde un primer momento el Grupo Socialista.

En momento de crisis como estos es, en su opinión, “una tremenda irresponsabilidad” subir los precios de servicios sociales básicos culpabilizando a terceros, cuya consecuencia es, además, la puesta en peligro de más de 60 puestos de trabajo de las profesionales de ayuda a domicilio.

Si los 286 usuarios que se han dado de baja pertenecen a ayuda a domicilio, estamos hablando de más de un 11% del total, dato que debería preocupar a la responsable del Área más de lo que ha dejado entrever en el pleno.

“Es triste comprobar”, añadió Carbajo, “que los argumentos de este equipo de Gobierno para defender la subida de precios siguen siendo falacias”.

Los precios de los servicios sociales afectados nada tienen que ver con la Ley de Dependencia, puesto que los usuarios de los mismos no tienen por qué haber visto reconocida todavía tal condición. “Una vez más, hemos escuchado una mentira”, señala la concejala socialista, “cuando la concejala afirma que en la Memoria de la Ley de Dependencia se establece que la cuota a pagar por los usuarios es un 33% del coste”.

“Reto personalmente a Rosa Hernández”, añadió Carbajo, “a que muestre físicamente el lugar en el que esto aparece en la Memoria económica o en cualquier norma de desarrollo de la Ley de Dependencia”.

Estos servicios sociales, según la Ley Regional de Acción Social, deben ser financiados por la Junta de Castilla y León en un 90% en el caso de los costes de personal y en un 60% en el resto de los costes, mientras que, según los datos del propio Ayuntamiento, la Junta sólo financia el 59,70% de los costes del servicio de ayuda a domicilio. Ni una sola palabra al respecto hemos escuchado a la concejala en la reunión plenaria de hoy.

“Estas lamentables consecuencias”, concluyó, “sólo para ahorrarse el Ayuntamiento 240.000 euros, mientras conocemos por un informe de Consumer Eroski que, de 18 ciudades españolas estudiadas, sólo 3 tienen presupuestos menores en materia de Acción Social que el Ayuntamiento de Valladolid, puesto que hasta Burgos se gastó 2 millones más de euros en esta materia que nosotros el año pasado”.

Finalmente, Carbajo recordó las lamentables declaraciones de la concejala de Acción Social en las que se felicitaba de que, durante los 3 años anteriores a esta escandalosa subida, los usuarios se habían ahorrado mucho dinero, dado que los precios no habían subido con arreglo al IPC. La concejala socialista conmina a Hernández a que intente ahorrar con unos ingresos de 600 euros al mes, como asegura que pueden haber hecho los usuarios de servicios sociales.