El Grupo Municipal Socialista pide a la concejala de Cultura, Mercedes Cantalapiedra, que pague la indemnización a la ex gerente del teatro Calderón de su bolsillo o bien asuma su responsabilidad política ante la sentencia del Juzgado de lo Social y abandone su cargo.

El presidente del Grupo Socialista, Oscar Puente, sugiere, además, a los responsables municipales que reflexionen sobre la conveniencia de recurrir la sentencia que ha considerado improcedente el despido de la ex gerente y rechaza que la desafortunada gestión de aquella marcha sea asumida por las arcas municipales.

Puente recuerda lo caótica que fue la comunicación de la decisión de prescindir de la ex gerente, que alguien hizo llegar a la prensa un 6 de junio de 2009, y remachó sin perder tiempo, al día siguiente, la concejala de Cultura anunciando un relevo para el día 17.

El 18 de junio, coincidiendo con el nombramiento de José María Viteri como director artístico del teatro, eludiendo el concurso público que el Grupo Socialista había propuesto para cubrir la plaza, la ex gerente salía a la palestra negando que hubiese dimitido, y exigiendo una indemnización de 60.000 euros, que en la práctica se quedaría en mucho menos.

No puede sino concluirse que la gestión del despido de la gerente estuvo muy lejos de ser elegante y correcta, y una vez más, esta actitud nos costará dinero a todos.

Sin haberse aportado ni una sola razón para prescindir de Mercedes Guillamón, desde la Concejalía de Cultura se ha mostrado muy poca capacidad de diálogo para conseguir una salida digna y negociada de la gerente, y muy poca mano izquierda para hacerse con la complicidad de los responsables de los contenedores culturales, teatros y museos de la ciudad, con quienes en mayor o menor medida, Mercedes Cantalapiedra ha tropezado reiteradamente.

En consecuencia, señala el portavoz socialista, la manipulación de esta supuesta dimisión que no lo fue, ha dejado al Calderón sin un gerente a tiempo completo, que es lo que el teatro necesita, y ha traído un nuevo revés judicial que, en su opinión, no puede cargarse a las arcas municipales.