El Ayuntamiento de Valladolid tiene hasta diciembre, fecha en la que prescribiría la deuda, para reclamar a Agualid las cantidades abonadas por la administración local a la Confederación Hidrográfica del Duero en concepto de canon de vertidos al río, que el Grupo Socialista cifra en más de 2 millones de euros y que es a la empresa a quien le correspondía satisfacer.

Sólo de esta forma evitará incurrir en responsabilidad contable por menoscabo de caudales públicos, tal y como recuerda el Consejo de Cuentas de Castilla y León en una resolución fechada el 22 de junio pasado, tras el traslado de una denuncia por parte del Grupo Municipal Socialista.

El Consejo de Cuentas respalda al PSOE municipal cuando señala que Aguas de Valladolid debe abonar íntegramente el canon de depuración al Consistorio, que éste ha adelantado a la CHD en el período 1997-2005 y archiva momentáneamente la denuncia debido a que el Ayuntamiento está aún a tiempo de recuperar ese dinero.

En este sentido, el responsable local del PSOE, Oscar Puente, anuncia que, si en diciembre de 2010, como señala el Consejo de Cuentas, no se han recuperado las cantidades que se han perdonado a Aguas de Valladolid, su Grupo trasladará la denuncia y el dictamen del Consejo al Tribunal de Cuentas de España, órgano competente para tramitar los expedientes sobre presuntos delitos por responsabilidad contable.

Hay que recordar que en el pleno del mes de octubre de 2009, el Grupo Socialista solicitó la creación de una Comisión de Investigación que llevara a cabo una auditoría de los dos contratos de gestión del ciclo del agua que tiene Agualid con el Ayuntamiento de Valladolid, el de abastecimiento y saneamiento, así como el de depuración.

Uno de los motivos principales era determinar las razones por las que el Ayuntamiento sólo había recuperado una mínima parte de las cantidades adelantadas por él mismo a la CHD, en concepto de canon de vertidos. La propuesta fue rechazada por el alcalde, aduciendo que, bajo el “más vale un mal acuerdo que un buen pleito”, se habían recuperado las cantidades ofertadas en la licitación por la empresa (por debajo del 20% de las realmente abonadas por el Ayuntamiento).

Desde el Grupo Municipal Socialista-PSOE se denunció que se estaba interpretando el contrato en sentido perjudicial para el Ayuntamiento, puesto que el pliego reconocía la obligación del adjudicatario de abonar todos los gastos que generase la concesión. Por ese motivo, se formuló denuncia ante el Consejo de Cuentas de Castilla y León el pasado 24 de febrero de 2010.

En el escrito se relata cómo el concejal Jesús Enríquez firmó, el 11 de diciembre de 2006, un acta de compensación de pagos y deudas entre el Ayuntamiento de Valladolid y Aguas de Valladolid, reconociendo que la empresa debía al Ayuntamiento sólo 360.023,42 euros, en concepto de canon de vertidos entre el 1 de julio de 1997 y el 31 de diciembre de 2005.

Sin ningún tipo de fundamentación jurídica, se había admitido el empeoramiento de la oferta que Aguas de Valladolid había hecho al pliego que sirvió de base para la licitación, lo que se traduce en que ofertaba algo más de 42.000 euros por año, frente a los más de 210.000 que se estimaba en el pliego para 1997, y sin ningún tipo de actualización a lo largo de esos ocho años y medio. Conviene recordar que el canon supera en la actualidad los 400.000 euros.

Con anterioridad, el PSOE había denunciado la contradicción que suponía este acta de compensación de deudas con respecto al hecho de que desde el servicio de aguas, con el informe favorable de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, se viniera reclamando la totalidad de la deuda.

De hecho, a principios de septiembre de 2009 el Grupo Socialista daba a conocer cómo el alcalde había rechazado una propuesta de Decreto del área de Desarrollo Sostenible, avalada por la Asesoría Jurídica, que pretendía que el Ayuntamiento recuperase las cantidades abonadas a la CHD en concepto de canon de vertidos que, según los informes municipales, debería haber asumido Agualid a la vista de los pliegos y la oferta presentada por esta empresa. En total, 2.972.909,56 euros desde el año 1997.

Lo que ahora determina el Consejo de Cuentas es la obligación del Ayuntamiento de recuperar íntegramente las cuantías adelantadas antes de diciembre de 2010, momento en que prescriben, a riesgo de incurrir en responsabilidad contable por menoscabo de los caudales públicos.

Oscar Puente señala que, mientras el alcalde y sus concejales se dedican a despilfarrar dinero público, el PSOE lleva toda la legislatura haciendo esfuerzos, con la oposición del equipo de gobierno, para recuperar cantidades que algunas empresas adeudan a la Corporación.

No en vano, recuerda Puente, en una situación gemela a ésta, y gracias a la persistencia de su Grupo, que también acudió al Consejo de Cuentas, consiguieron recuperarse más de 300.000 euros de cantidades perdonadas a determinados promotores en concepto de tasa urbanística entre los años 2005 y 2007, cantidades que, de otro modo, se habrían perdido para siempre.

Curiosamente, fue también bajo el mandato de Jesús Enríquez como concejal de Hacienda, cuando dejaron de cobrarse dichas cantidades, al igual que ha ocurrido ahora con el canon de vertidos.

No obstante, Puente llama la atención sobre el hecho de que, si la responsabilidad en la pérdida de dos millones largos de euros es del concejal Enríquez al firmar el acta de compensación en diciembre de 2006, con posterioridad, es el alcalde el que refrenda dicha actuación con los decretos que convalidan el acta y con el rechazo, en enero de 2009, de la propuesta de decreto en la que se reclamaba a Agualid el montante total.

Tanto en el caso de la tasa urbanística como en éste, el trabajo de la oposición ha servido para recuperar cantidades indebidamente perdonadas (cerca de tres millones de euros), pero también para evitar la comisión de un presunto delito por parte de los responsables del cobro de dichas cantidades.