Son ya doces los años de litigio de varios vecinos contra el Ayuntamiento y de empecinamiento por parte de León de la Riva en este asunto que, por más dilaciones que se pretendan, parece tener los días contados para la demolición de otra de las ilegalidades urbanísticas de nuestro alcalde.

Tras siete sentencias dictadas por juzgados de Valladolid, por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y por el Tribunal Supremo de España, contrarias a licencias dadas por León de la Riva para la construcción del edificio de oficinas situado en la plaza Juan de Austria, el 6 de marzo de 2009 llegaba el auto que fijaba la demolición del edifico como forma de ejecutar la sentencia por la que se anulaba el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de 18 de noviembre de 2005 que concedió a Parzara licencia de obras para la construcción de edificio comercial de la parcela III del PERI Juan de Austria.

Más de un año después, hemos ido asistiendo a todo tipo de maniobras dilatorias por parte de León de la Riva, con nuevos intentos de legalización fraudulentos y, nuevamente, con resoluciones judiciales “demoledoras”, como la sentencia de la sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, del pasado 12 de marzo de 2010, que ratificaba la forma de ejecución que establecía el auto del juzgado de lo contencioso nº 2, de 6 de marzo de 2009.

Ahora, otra sentencia de 15 de julio de 2010 de la sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, desestima la pretensión de la empresa de ampliar el plazo de ejecución fijado en el auto de 6 de marzo de 2009. La pretensión de Parzara era ampliar el plazo de ejecución de treinta días a tres meses, pretensión que ya el juzgado de lo contencioso nº 2 había desestimado mediante un auto el pasado 28 de septiembre de 2009. La sala, además, impone las costas a la empresa.

Mientras en marzo de 2009, Javier León anunciaba la presentación de un incidente de ejecución de sentencia, para evitar el derribo, y afirmaba que “mal que les pese a los socialistas, el asunto se va a solventar”, los incidentes de ejecución se van resolviendo con una contundencia apabullante por parte del Tribunal Superior de Justicia, quien cita como fundamento de su rechazo al recurso de apelación una sentencia del Constitucional de 26 de enero de 2009, que determina la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en un caso muy similar, en el que se concluye que “el derecho a la ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales firmes constituye una manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva, en tanto que garantía del cumplimiento de los mandatos que estas resoluciones judiciales contienen”.

El Tribunal Constitucional afirma, en ese fallo, que “la decisión judicial de suspender la demolición acordada en sentencia firme en expectativa de una futura modificación de la normativa urbanística que eventualmente la legalizara, supone una vulneración del artículo 24.1 de la Constitución Española” (Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión).

Pero no sólo las afirmaciones del alcalde se desvanecen ante las resoluciones judiciales; conviene recordar el lamentable incidente protagonizado por la concejala de urbanismo, Cristina Vidal quien, mientras acusaba a Óscar Puente de “demagógico” y de estar “poco informado” cuando éste, a mediados de junio pasado, dio a conocer en rueda de prensa la sentencia de 12 de marzo de 2010, ocultaba a la opinión pública que días antes, el 24 de junio, había firmado un decreto por el que concedía a la promotora del inmueble un plazo de 20 días para que presentara un proyecto de demolición del mismo.

Más allá de las desacertadas palabras del alcalde y de los engaños de su concejala de urbanismo, lo cierto es que la demolición será una realidad antes o después y que las consecuencias que para las arcas municipales tengan la misma y las posibles indemnizaciones serán consecuencia de otra más de las ilegalidades urbanísticas que jalonan el mandato de León de la Riva y que tendremos que pagar todos los ciudadanos de Valladolid con nuestros impuestos.